Según fuentes comunitarias citadas recientemente por el diario El País, Bruselas está ultimando un paquete de al menos 500 millones de euros con los que se cubrirán los gastos de Marruecos para combatir la inmigración irregular y garantizar el control de sus fronteras.
Mediante este nuevo marco de financiación, que abarca hasta el año 2027, Marruecos recibirá más dinero que nunca para aumentar el control fronterizo, casi un 50% más que la partida anterior, de 343 millones de euros.
Este nuevo presupuesto llega después de que la comisaria de Asuntos del Interior, Ylva Johansson, se reuniera con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y con Fernando Grande-Marlaska, ministro español del Interior, el pasado mes de julio. Un encuentro en el que las autoridades se comprometieron a aumentar la cooperación en materia de control de la inmigración.
Según las fuentes citadas, la partida se destinará a cubrir proyectos de integración y protección de los refugiados en Marruecos, volver a recibir en suelo marroquí a inmigrantes irregulares que ya hayan cruzado la frontera, aumentar la cooperación policial y reforzar la lucha contra las mafias responsables del tráfico de personas.
El presupuesto saldrá del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVDCI), una nueva herramienta que dispone de 79 500 millones de euros, de los que un 10% podrán destinarse a la gestión migratoria.
Presión en la frontera sur
Esta elevada partida es una muestra más de la relevancia que han cobrado para la Unión Europea las problemáticas asociadas al tráfico irregular de personas desde el norte de África. En 2020, los inmigrantes irregulares marroquíes fueron el segundo grupo más numeroso entre las más de 400.000 órdenes de retorno expedidas en la Unión Europea, solo por detrás de Argelia.
Durante la pasada cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, la Alianza Atlántica incluyó al norte de África y al Sahel entre las zonas susceptibles de afectar a la seguridad de los países aliados y señaló la migración irregular y la instrumentalización de la inmigración como desafíos transnacionales.
El incremento de la partida surge en un momento crítico para la frontera sur de Europa. Pese al histórico cambio de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental, que provocó la normalización de las relaciones entre ambos países, la llegada de inmigrantes no ha sufrido una caída relevante. Así, la presión migratoria sufrida en las ciudades de Ceuta y Melilla, en las Islas Canarias y en la costa del Sur de España no ha cesado durante el último año. Según apuntan los datos del Ministerio del Interior, un total de 15 002 migrantes llegaron a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2022, una cifra que ha supuesto un crecimiento de un 1,94% con respecto a los mismos meses de 2021, cuando llegaron 14 716.
Para controlar la actividad de la frontera sur, España depende en exceso de la proactividad de Marruecos, que el año pasado escenificó su capacidad de presión al dejar entrar a más de 10 000 inmigrantes en la ciudad de Ceuta, entre los que se encontraban más de un millar de menores. Las actuaciones de Marruecos en la frontera también se vieron cuestionadas de nuevo el pasado 24 de junio, cuando los agentes fronterizos marroquíes frenaron el intento de más de 1 500 personas de cruzar la valla fronteriza de Melilla, terminando con la vida de al menos 27 inmigrantes, según varias asociaciones de Derechos Humanos.
La solidaridad de la Unión Europea con Marruecos en el control fronterizo llama a una completa transparencia en la gestión de los fondos otorgados y una estrecha colaboración entre España y Marruecos.
Según las mismas fuentes, el nuevo marco de financiación ya está cerrado, aunque su aplicación terminará de concretarse el próximo otoño.
