El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el pasado 10 de mayo la apertura de fronteras con Marruecos -a falta de que se solventen algunos “aspectos prácticos”-, tras reunirse con su homólogo marroquí.
Entre ambas fronteras de Ceuta y Melilla pasaban diariamente unas 5.000 personas, lo que las convierte en un espacio de un exigido control ante la entrada ilegal de inmigrantes y de materiales de contrabando, además de por el impacto directo de una economía irregular en el desarrollo de ambas ciudades. Su situación geográfica en el norte de África, como puntos de representación estratégica para España y la Unión Europea, hace que la apertura inminente de ambas fronteras, sin un acuerdo conciso y claro por ambas partes, suponga un enorme desafío de respuesta y gestión social, política y económica.
El gobierno marroquí anunció este martes 17 de mayo la cancelación de la obligatoriedad de la prueba PCR para acceder al territorio nacional, lo que elimina la prioridad de la gestión sanitaria en el acuerdo sobre la gestión fronteriza entre ambos países. Ese mismo día, a medianoche, se inició el proceso de apertura, restringida hasta el 31 de mayo a los ciudadanos de la Unión Europea y con permiso de circulación en territorio Schengen. Con esto, todavía se mantiene la incertidumbre sobre cómo se organizará el proceso gradual con el que facilitar el paso al resto de personas y mercancías, así como la política de visados, el establecimiento de aduanas (reabrir la de Melilla y establecer una en Ceuta) y la gestión de seguridad fronteriza (en proceso de remodelación hasta, al menos, comienzos de junio).
