Una de las medidas prioritarias de la recién conformada comisión interministerial que trabaja para preparar la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, aún sin fecha, es la de terminar las obras de reparación y mejora del vallado, así como la consolidación de la frontera inteligente. Dicha valla contará con cámaras de reconocimiento facial, controles informáticos de entradas y salidas sincronizados con los controles de identidad en el puerto y helipuerto/aeropuerto. Una medida que 84 asociaciones civiles consideran “preocupante”. En un manifiesto, bajo el titular La implantación de la Inteligencia Artificial en frontera y la vulneración de derechos, los firmantes alertan de los peligros que conllevará la frontera inteligente, a la que califican como “un espacio de potencial vulneración de derechos” y denuncian que “supone un peligro de vulneración de derechos humanos, discriminación, criminalización y violación de la privacidad”.

“Los traslados de personas solicitantes de asilo de un estado miembro a otro en contra de su voluntad, en aumento en los últimos años, han sido, en parte, propiciadas por la recopilación de datos biométricos, como sus huellas dactilares. La recopilación de datos biométricos en personas sin pasaporte europeo no cumple con el principio de proporcionalidad”, explican en el texto. Y agregan: “Es de sobra conocido que los algoritmos de reconocimiento facial suelen arrojar falsos positivos y falsos negativos en rostros no caucásicos, lo cual, en este contexto concreto, podría suponer graves consecuencias para personas identificadas erróneamente como sospechosas de actos terroristas. La utilización de Inteligencia Artificial (IA) para el control fronterizo profundizaría la estigmatización y criminalización de grupos de personas que ya se encuentran en una gran situación de vulnerabilidad y/o exclusión”.

Por ello, estas organizaciones piden la aplicación de la regulación de la IA y protección de datos que prepara la Comisión Europea para este tipo de contextos; la derogación del reglamento europeo que permite el reconocimiento facial en fronteras; una auditoría independiente y control externo de las tecnologías aplicadas, los datos e imágenes almacenadas; la incorporación de observadores de derechos humanos en las actuaciones en frontera; así como informar y obtener el consentimiento informado “ante el uso de estos sistemas, incluso si se llegan a aplicar y desplegar”.

Entre las entidades firmantes, se encuentran Alianza por la Solidaridad, Oxfam Intermon, SOS Racismo, Caminando Fronteras o la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía (APHDA),