La representación de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos en Google Maps continúa avanzando en las instituciones europeas. El Parlamento Europeo tramita una petición que reclama a la Comisión Europea que analice si el uso de una línea discontinua para delimitar ambas ciudades puede ser compatible con las obligaciones que establece el Reglamento de Servicios Digitales (DSA).
La iniciativa cuestiona que Google Maps utilice para las fronteras terrestres de las dos ciudades autónomas una simbología diferente a la empleada en otros límites internacionales. Según la documentación de Google, las líneas discontinuas pueden utilizarse para representar límites cuya definición está sometida a algún tipo de controversia, así como determinados límites provisionales.
Los promotores de la petición consideran que esta representación puede generar una percepción equivocada sobre la situación jurídica de Ceuta y Melilla y reclaman que Google sustituya el trazado discontinuo por una línea continua.
La tramitación europea, sin embargo, no implica que Google haya incumplido ya la normativa ni que vaya a recibir una sanción. El procedimiento abre la puerta a que la Comisión Europea examine el asunto y determine si existe algún riesgo relevante a la luz de las obligaciones impuestas a las grandes plataformas digitales.
El Observatorio denunció esta situación en 2023
El Observatorio de Ceuta y Melilla viene reclamando desde hace más de tres años una modificación de esta representación.
En junio de 2023, su director, Carlos Echeverría, remitió una carta a Google España en la que solicitaba corregir el trazado de las fronteras de ambas ciudades. El Observatorio argumentó entonces que la línea discontinua podía generar confusión entre los usuarios y recordó que se trata también de fronteras exteriores de la Unión Europea.
La organización volvió a abordar esta cuestión en septiembre de 2026, al constatar que Google Maps continuaba manteniendo el mismo sistema de representación.
Ahora, la cuestión ha alcanzado el ámbito comunitario. La petición 2284/2026, cuya tramitación decidió continuar la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, plantea precisamente que Bruselas estudie si el diseño utilizado por Google Maps puede generar riesgos de desinformación sobre las fronteras de un Estado miembro y de la propia Unión.
¿Qué tendría que ocurrir para que Google fuera sancionada?
Google Maps está incluido entre los servicios sometidos a las obligaciones reforzadas del Reglamento de Servicios Digitales para las plataformas de gran tamaño. Entre esas obligaciones se encuentra la evaluación y mitigación de determinados riesgos sistémicos.
Para que pudiera producirse una sanción, la Comisión Europea tendría que investigar el caso y acreditar que se ha producido un incumplimiento concreto del DSA. Google tendría además derecho a presentar sus argumentos antes de que se adoptara cualquier decisión.
Si la Comisión determinara finalmente la existencia de una infracción, el reglamento permite imponer multas de hasta el 6 % de la facturación mundial anual del proveedor. Este porcentaje constituye el máximo legal y no significa que vaya a aplicarse automáticamente en este caso. La cuantía depende, entre otros factores, de la gravedad, duración y naturaleza del incumplimiento.
Bruselas también puede ordenar a una compañía que adopte medidas para corregir una eventual vulneración, mientras que cualquier decisión sancionadora puede ser recurrida ante los tribunales de la Unión Europea.
Una reclamación que alcanza ahora dimensión europea
La continuación de la petición supone un nuevo paso en una cuestión que el Observatorio de Ceuta y Melilla puso sobre la mesa en 2023 y que sigue sin resolverse.
El debate se centra ahora en determinar si la forma en la que una plataforma utilizada por millones de personas representa las fronteras de Ceuta y Melilla puede tener implicaciones desde el punto de vista de las obligaciones europeas sobre riesgos sistémicos y desinformación.
Por el momento, no existe una decisión sobre una posible infracción ni una sanción contra Google. La novedad reside en que las instituciones europeas mantienen abierta la vía para estudiar el caso, trasladando al ámbito comunitario una reclamación que durante los últimos años ha pedido una representación cartográfica clara de las fronteras de las dos ciudades autónomas.
