El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, considera que la Alianza Atlántica respondería si España decidiera solicitar apoyo por un incidente ocurrido en Ceuta o Melilla, aunque reconoce que ambas ciudades no están incluidas expresamente en el ámbito territorial definido por el artículo 5 del Tratado de Washington.
Durante su participación en los Diálogos para la Seguridad celebrados en el CESEDEN, Colomina explicó que la activación del artículo 5, que establece el principio de defensa colectiva, es una decisión política y no automática. España tendría que solicitar su aplicación y, posteriormente, el Consejo Atlántico decidiría la respuesta de los aliados.
El diplomático señaló que no tiene «ninguna duda» de que, si España recurriera a este mecanismo por un episodio relacionado con Ceuta o Melilla, los aliados responderían, destacando el compromiso mantenido por España con la organización. Colomina ocupa actualmente el cargo de representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y de vicesecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad.
Colomina abordó también la reciente crisis de Ceuta y el debate sobre la denominada guerra híbrida. Según explicó, la OTAN contempla desde hace años la posibilidad de que una campaña híbrida pueda alcanzar el umbral necesario para activar el artículo 5, aunque determinar cuándo ocurre depende de las circunstancias concretas de cada caso.
Sobre las entradas masivas registradas en Ceuta a finales de julio, afirmó que resulta «difícil no pensar» que puedan contener algún componente de guerra híbrida. No obstante, recordó que la cuestión corresponde en primer lugar a España y que la OTAN solo intervendría políticamente si el Gobierno español decidiera trasladarla formalmente al Consejo Atlántico.
Las declaraciones de Colomina introducen así un nuevo elemento en el debate sobre la protección de Ceuta y Melilla dentro de la arquitectura de seguridad de la OTAN, al distinguir entre el alcance geográfico recogido en el Tratado y la capacidad política de los aliados para responder ante una petición de España.
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