España y Reino Unido han tenido un asunto en común desde principios del siglo XVIII: Gibraltar. Con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, uno de los temas principales de debate entre las dos naciones fue precisamente la cuestión relacionada con el Peñón.
En el marco de estas relaciones surge el Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros de ambos países en su relación con Gibraltar. Este acuerdo entró en vigor el pasado 4 de marzo y tiene como objetivo evitar los conflictos generados por la ubicación de la residencia fiscal, las sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar y las relaciones económicas entre ambos.
A la par que lo mencionado, se estipula que, para tener residencia fiscal en España, aquellas personas que estén constituidas y gestionadas en Gibraltar deberán demostrar una relación significativa con el país por medio de varios aspectos como: la proveniencia de sus ingresos o la situación de sus activos entre otros.
Tal y como destaca el abogado Bernardo Gómez en un artículo en Cinco Días, las medidas planteadas por el Acuerdo podrían favorecer a Ceuta y Melilla. Las ciudades autónomas, que gozan de un favorable marco normativo, serían atractivo para inversiones que tenían previsto asentarse en territorio gibraltareño.
Las ventajas llegarían no solo para empresas como las relacionadas con el sector del juego online o los negocios que funcionen en el ámbito digital, también beneficiaran a los empleados de aquellos lugares que, en términos del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, se beneficiarían de una bonificación del 60% sobre las rentas obtenidas.
Este Acuerdo promete reactivar la presencia del sector privado, el desarrollo de negocio dentro del territorio nacional, así como una mayor empleabilidad en estas áreas que han sido duramente sacudidas por la crisis económica y sanitaria derivada del coronavirus.
