El Gobierno de España ha llamado a consultas a la embajadora de Marruecos tras las palabras de su primer ministro sobre «el asunto de Ceuta y Melilla». Conviene apuntar algunas cuestiones sobre estas ciudades españolas en el continente africano.
En primer lugar, Ceuta y Melilla no son colonias. Tratarlas así es un sinsentido pues ambas forman parte de la configuración de España desde sus inicios: Melilla es española desde el 17 de septiembre de 1497 y Ceuta desde 1580. El Comité de los 24 ya rechazó la demanda marroquí (27/01/1975) para incluir a Ceuta, Melilla, los peñones de Alhucemas y Vélez y las Chafarinas al listado de territorios a los que afecta la Declaración sobre la independencia a los países y pueblos coloniales.
Tampoco es correcto comparar Ceuta y Melilla con Gibraltar porque este último territorio no es parte integrante de Reino Unido, mientras que Ceuta y Melilla sí son españolas como prueban los numerosos acuerdos de límites que España ha concluido con Marruecos.
En cuanto a la apelación a la teoría de la continuidad geográfica, la Corte Internacional de Justicia emitió el 16 de octubre de 1975 una Opinión en la que despejó claramente el alcance y las condiciones de la continuidad geográfica tanto para el Sáhara Occidental como para Ceuta y Melilla.
Además, Ceuta y Melilla no son enclaves -el Derecho Internacional Público define enclave como «cualquier porción del territorio de un Estado completamente cercada en el territorio de un Estado vecino»- y su comunicación con el resto de España no exige atravesar otro Estado.
Siempre se ha dicho que unas fronteras reconocidas y seguras constituyen un elemento de estabilidad y de buena vecindad entre los estados. Cuando esto no ocurre, hay desconfianza entre las partes y cualquier incidente puede dar lugar a una crisis de mayor dimensión.
Esto se comprueba fácilmente a nivel internacional, en donde persisten conflictos fronterizos, como es el caso en varios países africanos y latinoamericanos, sin olvidar los límites en el conflicto israelo-palestino. Desde esta perspectiva, las plazas de Ceuta y Melilla presentan unas connotaciones especiales en fronteras terrestres, particularidades que no son solo territoriales, sino también económicas y sociales, y el caso de la inmigración es una de ellas.
Esto requiere una estrecha colaboración entre las partes, ya que si surgen la desconfianza y los actos unilaterales, el marco jurídico de amistad y de cooperación se derrumbará. No hay que olvidar tampoco a la numerosa comunidad marroquí asentada en suelo español desde hace bastantes décadas; pero, para que todo este marco de cooperación siga adelante, las fronteras deben ser reconocidas y respetadas, al constituir los elementos básicos de un respeto mutuo. Tampoco hay que olvidar que son fronteras exteriores de la Unión Europea, pero son de la Unión por ser españolas, con todo lo que esto implica en muchos ámbitos.
Por lo tanto, hay que dejarse de aventuras y mantener unas buenas relaciones de amistad y cooperación, lo que será beneficioso para ambas partes. Y es que es evidente que la reclamación que hace Marruecos para reivindicar a estas dos ciudades es pura y simplemente política, al carecer de títulos legales. Sin embargo, Marruecos debería reconocer que nadie reivindica nada si no es suyo, y por eso no tiene mucho sentido esa actitud de no reconocer nada, esperando algún momento débil del vecino, sobre todo cuando se mantienen relaciones diplomáticas y políticas cordiales.
Para profundizar en la cuestión de las fronteras de Ceuta y Melilla, recomendamos el análisis de Romualdo Bermejo, catedrático de Derecho Internacional Público, en ‘Ceuta y Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión Europea en África’.