Como se explicaba en el informe Ceuta y Melilla o cómo convertir una grave crisis en la mejor de las oportunidades, las ciudades autónomas han sufrido los últimos años la consecuencia de una doble crisis que ha mermado su economía asestando un duro golpe a su comercio local.
Por una parte, el bloqueo comercial instaurado por Marruecos, que fue seguido muy de cerca por la crisis económica provocada por el parón de la actividad derivado de la pandemia y el cierre de la frontera, que permanece clausurada más de un año después. En este contexto, desde los gobiernos de ambas ciudades se ha instado al Ministerio de Hacienda a realizar un cambio para que el marginamiento comercial que sufren no vaya en aumento.
Kissy Chandiramani y Dunia Al-Mansouri, consejeras de Economía, Hacienda y Empleo de Ceuta y Melilla, respectivamente, han remitido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un escrito solicitando una modificación de la Ley 8/1991, que regula el IPSI, el impuesto indirecto que grava la importación y elaboración de bienes y la prestación de servicios en las ciudades autónomas.
Con esta propuesta de modificaicón de la norma, los gobiernos de Ceuta y Melilla pretenden proteger al comercio local a la vez que salvaguardar el comercio electrónico de estas áreas que, debido a su lejanía, sufre en su desarrollo.
La tramitación de este cambio iría de la mano de la modificación de la Ley del IVA, prevista para julio de este año. Además de acercar y ayudar al comerciantes de ceutíes y melillenses, si esta solicitud fuese aceptada favorecería a los comerciantes integrando sus negocios con el territorio peninsular y el resto de la unión aduanera, además de reduciendo sus gestiones burocráticas y mejorando su competitividad en el sector.
