Una semana después de que más de 900 personas entrasen ilegalmente en España a través de la valla fronteriza de Melilla, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado la Ciudad Autónoma para conocer de primera mano los dispositivos y recursos de vigilancia y respuesta en la frontera nacional. Durante su visita, en la que ha estado acompañado por la delegada de Gobierno, Sabrina Moh, Grande-Marlaska ha asegurado que “nosotros somos un estado derecho y aplicamos la normativa, tanto la ley nacional como la ley internacional y procederemos en los términos de identificación y por supuesto de expulsión de aquellos que no tengan derecho a permanecer en España”.
Durante su comparecencia, el ministro ha defendido la actuación de la Guardia Civil, que fue “proporcionada” y “necesaria” tras la “violencia inusitada”. En el asalto, protagonizado por más de 5.000 subsaharianos, los inmigrantes usaron “tornillería” y “palos de grandes dimensiones” que podían provocar un “importante riesgo a la integridad de los servidores”. Según aseguró Grande-Marlaska, durante este asalto más de 50 guardias civiles resultaron heridos, algunos de «cierta entidad», además de tres polícias nacionales.
Con motivo de estos sucesos, la Comisión de Interior del Congreso se reunirá esta semana para debatir y votar una proposición no de ley sobre el traslado de personas del CETI de Melilla a la Península y la paralización de la deportación de las personas de nacionalidad tunecina y otra relativa a garantizar la transparencia en las datos sobre inmigración ilegal publicadas por el Ministerio del Interior.
