La crisis derivada del asalto de miles miles de inmigrantes irregulares a Ceuta a mediados del pasado mes de mayo continúa. El Gobierno, que mantiene su postura firme ante las reivindicaciones marroquíes que pretenden situar el conflicto en el marco bilateral entre dos estados, ha elaborado un plan estratégico para combatir la asfixia económica ejercida por Rabat sobre las dos ciudades autónomas. Una asfixia económica que comenzó mucho antes del cierre de la frontera de la Unión Europea en África por la pandemia del coronavirus.
El documento que recoge el plan estratégico acusa al Gobierno marroquí de mantener “un objetivo nacional constante e irrenunciable” para anexionarse Ceuta y Melilla. Objetivo que se manifiesta en la constante presión demográfica así como el abuso en las políticas aduaneras.
En este sentido, el constante influjo de población hacia las ciudades crea tensiones por dos ámbitos. Por un lado, hay numerosa población marroquí que cruzan la frontera diariamente para trabajar y sobre los que España se queja por su uso de los servicios básicos de la ciudad. Por otro lado, estos servicios se ven aún más presionados por aquella población inmigrantes que residen en las ciudades.
El informe admite que los servicios públicos de las dos ciudades están “infradotados” y son “insuficientes para el nivel de población actual”. La presión demográfica también ha generado problemas en la vida social de Ceuta y Melilla. El informe advierte de “una creciente polarización”, subraya que “la crisis económica, la falta de oportunidades para una población joven y la falta de espacios comunes está resultando en una creciente brecha social”. Y lo hace a parir de los datos socioeconómicos de las dos ciudades autónomas, que mantienen, un alto desempleo, con un 30% y 20% en Ceuta y Melilla, respectivamente.
Aún así, destaca el documento, la situación económica de las ciudades autónomas resulta favorable para las personas que viven en las provincias marroquíes limítrofes, ya que su renta per cápita es muy inferior a la de los territorios españoles. No en vano, como ha reiterado en varias ocasiones el Observatorio de Ceuta y Melilla, se trata de la frontera terrestre más dramática del mundo por las diferencias socioeconómicas a ambos lados.
En este contexto, el Gobierno de España plantea incluir a las ciudades autónomas de pleno en el espacio Schengen, de tal manera que aquellos marroquíes que quieran cruzar la frontera necesiten un visado. Además, de forma tanto simbólica como efectiva, se plantea la posibilidad de incluir guardias de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para resaltar el hecho de que la frontera es con la Unión Europea.
A la presión demográfica se le suma la presión económica. En este campo Rabat aprovecha diferentes tácticas como los cierres en la aduana comercial con Melilla o el bloqueo a la entrada de pescado en las ciudades, primero en Ceuta (2019) y más tarde en Melilla (2020). En este caso, el plan del Gobierno vuelve a pasar por Europa, con la idea de incluir a las ciudades autónomas en la Unión aduanera. Además, planea maximizar los beneficios fiscales del territorio para fomentar ciertas industrias como el turismo, la actividad portuaria y el juego en línea. Con esto esperan aliviar la presión económica ejercida por Rabat.
En paralelo, el Ejecutivo también plantea la necesidad de aumentar los servicios públicos, mientras condena “los casos de fraude y abuso, y la tensión que generan en los servicios públicos que despiertan sentimientos xenófobos y desapego hacia el Estado entre la población [local], que siente que los servicios públicos son de menor calidad que la media nacional y se ponen a disposición de extranjeros”
